Parece que las medidas liberalizadoras recientemente anunciadas por el Gobierno de José María Aznar no han convencido a nadie. Ahora se han puesto en pie de guerra los farmacéuticos, que han convocado una movilización con cierre de sus oficinas el próximo día 11. Por fortuna, el sector es consciente del daño que pueden causar sus huelgas a la ciudadanía "que nada tiene que ver con sus protestas" y por eso ha anunciado servicios de guardia amplios y reforzados.
El caso de las farmacias es distinto a todos los demás comercios, puesto que la mercancía con la que trabajan está directamente vinculada a la Seguridad Social y afecta al bien más valorado por los ciudadanos: la salud. Por ello sus pecualiaridades son también distintas. Primero, porque el margen de beneficios de estos establecimientos es enorme, segundo porque Sanidad tiene como uno de sus principales empeños reducir el gasto farmacéutico de los españoles "de los más altos del mundo", y tercero porque están sujetos a acuerdos concretos con el Ministerio, que regula sus ganancias.
Ahora la liberalización pretende mermar los beneficios de las farmacias que más facturen "desde 4'6 millones mensuales hasta las que vendan más de 42 millones, que verán reducidos sus márgenes de ganancias en un 13 por ciento", además de reducir el margen comercial en los productos con precio superior a las 20 mil pesetas.
Lo que está claro es que el sector debe defender sus intereses y, por otro lado, también el Gobierno debe procurar reducir un gasto farmacéutico desmesurado. Aunque probablemente éste no sea el camino. El gasto frenético está muy relacionado con la automedicación y con la educación de las personas. Es ahí donde hay que porfiar, no en sacar provecho económico de las ganancias de un sector que se limita a vender lo que otros quieren comprar.