El Tribunal Constitucional acaba de echar por tierra una de las decisiones más importantes que ha tomado un Govern autonómico en los últimos años, considerando no constitucional el impuesto ecológico que en su día "1991" creó el Ejecutivo de Gabriel Cañellas. Casi una década después, el actual Govern deberá devolver lo recaudado hasta la fecha, que asciende a más de siete mil millones de pesetas y endeudarse en casi 25.000 millones para hacer frente al agujero creado en los presupuestos de años anteriores.
Inciden en este asunto varios frentes. Por un lado, el temor a que la inconstitucionalidad de esta tasa autonómica afecte al futuro de la proyectada ecotasa del Govern Antich. Por otro, que las actividades empresariales que impactan sobre el medio ambiente queden impunes. Y, por último, que las arcas baleares pierdan uno de sus medios de financiación.
Respecto al primer argumento, hay que hacer notar que los empresarios turísticos ya han esgrimido que la ecotasa gravará por el mismo concepto que el IVA turístico, es decir, por las actividades del sector. Y éste es precisamente el razonamiento que el Tribunal Constitucional utiliza para anular el impuesto ecológico, aunque el Govern actual discrepe de esta interpretación. Veremos qué ocurre si la ecotasa llega al Constitucional.
Pero tampoco carece de importancia el segundo elemento, ya que en Balears "al tratarse de un archipiélago turístico de reducido tamaño" no pueden aplicarse los mismos criterios de impacto medioambiental que en otras regiones. Aquí las centrales eléctricas y las instalaciones petrolíferas están provocando un grave impacto paisajístico y esto se debe pagar.
Este nuevo problema, que se añade a tantos otros, pone dolorosamente de manifiesto nuestras carencias autonómicas, sea quien sea quien gobierne en Madrid. El Gobierno del PSOE recurrió el impuesto ecológico ante el Tribunal Constitucional y el actual sigue negando una financiación adecuada. Pobre autonomía la nuestra.