Acaban de ocurrir en Madrid y Balears dos hechos relacionados con la visión de la cuestión vasca que obligan a ciertas reflexiones: la UIB no ha autorizado una conferencia de un juntero de Euskal Herritarrok y en Madrid se ha forzado la dimisión del director de la televisión autonómica por emitir un reportaje sobre la realidad vasca, que reflejaba el sentir de unos vascos, nacionalistas o no, independentistas o no, pero que, según algunas fuentes, no se había realizado con los criterios que sobre el problema vasco debe tener una televisión pública. ¿Qué criterios? ¿Deben silenciarse los argumentos que no compartimos?
En el caso de la UIB no fue fácil la decisión. Debía elegirse entre la libertad de expresión, un derecho consustancial con el espíritu universitario, y el compromiso con la vida, por la paz y la libertad. Cualquiera que fuese la decisión iban a producirse críticas, como así ha sido. Pero en la duda, la UIB ha optado por rechazar toda actitud de apoyo a la violencia. Al prohibir el acto se logró que se desconvocara una contramanifestación que hubiera podido provocar graves enfrentamientos.
En un claro desafío a la autoridad académica, se celebró la charla. Quizá pretendían que el rectorado llamase a la policía para que desalojase a los reunidos. Obviamente, no se hizo. Han conseguido su propósito, pero no con la complicidad de la UIB.
Hay que defender la libertad de expresión pero ¿incluso cuando quien la va a ejercer defiende planteamientos fascistas? Habrá que admitir que en estos casos se plantean graves cuestiones de ética. Los responsables de la UIB consideraron que dada la colisión de derechos, debía ceder el de la libertad de expresión. ¿Se equivocaron? Muchos ciudadanos aplauden su decisión, pero no todos. Y no porque apoyen a EH sino porque estiman que era compatible emitir una nota de compromiso con la paz y la libertad y permitir a la vez la conferencia. Porque sus palabras no podrán nada contra las palabras de quienes apuestan por la vida y la democracia.