Las relaciones entre jueces de la Audiencia Nacional han atravesado periódicamente por momentos «calientes» y éste parece ser uno de ellos. Baltasar Garzón, amigo de actuaciones judiciales espectaculares y en cierto modo polémicas que le hacen aparecer más en la prensa que los propios políticos, acaba de declarar ilegal a Ekin, una organización de la izquierda abertzale a la que acusa de ser el aparato político de ETA. Minutos antes, la Sala de lo Penal de la Audiencia "con el voto en contra de uno de sus magistrados" dejaba en libertad bajo fianza a siete de los catorce detenidos de Ekin alegando falta de pruebas que les vinculen al terrorismo. Una incongruencia que ha levantado ya airadas respuestas.
Y no es de extrañar, pues cada uno de los gestos que hace un juez debe estar siempre amparado por pruebas o indicios claros y suficientes, jamás en convicciones personales o deducciones. El objetivo de todos, jueces, políticos y fuerzas del orden, es loable: poner fin a la violencia etarra, amparándose sólo en la fuerza de la ley, pero en muchos casos más vale la acción callada y persistente de la policía que las acciones espectaculares de unos jueces que, quizá después, se queden en nada. No es preciso recordar otros casos tan llamativos como el de ahora. La cúpula de Herri Batasuna, encarcelada en una operación ruidosa y efectista, quedó después en libertad por decisión de jueces de instancias superiores.
En fin, que el terrorismo nos duele a todos y es preciso adoptar todas las medidas necesarias para ponerle freno, aunque en plena campaña electoral vasca no convienen espectáculos de esta magnitud, que quizá puedan favorecer a unas fuerzas políticas, y después se queden en agua de borrajas. Más vale pájaro en mano que ciento volando, ya lo dice el refrán.