La nueva ley de universidades prevé la desaparición de la prueba de selectividad y pone en manos de las mismas universidades la realización de pruebas de acceso. Si bien es verdad que los exámenes de selectividad suponían un trauma para los alumnos, que tenían que hacer frente a una serie de pruebas fuera de su ambiente académico habitual y con una excesiva masificación, no es menos cierto que se establecían unos criterios más o menos unitarios de evaluación comunes para todo el territorio nacional. El PSOE se ha apresurado a criticar la ley por cuanto considera que puede suponer un incremento en la desigualdad de oportunidades, ya que los criterios de admisión dependerán de las universidades y éstas pueden establecer límites hasta el momento inexistentes. Además, el nuevo sistema presenta una dificultad añadida. Si con la selectividad los alumnos podían optar a cualquier universidad del Estado en función de la calificación obtenida, ahora la elección sólo será posible presentándose a las pruebas de acceso de cada una de las universidades posibles. Esto supone realmente un cambio negativo que es además más grave en el caso de Balears, por cuanto los estudiantes que quieran cursar estudios fuera de la Comunitat Autònoma tendrán que hacer frente a los desplazamientos precisos para poder optar a diferentes universidades.
Es una evidencia que debe procederse a un mejor desarrollo de esta iniciativa legislativa para poder garantizar no sólo unos criterios de admisión razonables, sino una deseable igualdad de oportunidades de todos los estudiantes del Estado. Con esta iniciativa se corre el riesgo de que el elitismo se adueñe de los estudios superiores y ese sería un mal presagio de cara al futuro próximo y al derecho constitucional a la universalidad de la enseñanza.