La historia ha acabado feliz para los sesenta inmigrantes encerrados en la iglesia de Santa Cruz. Al final, casi la totalidad verá sus reclamaciones satisfechas, por lo que ayer no pudieron reprimir su alegría y mantearon a la persona que les ha asesorado, defendido y representado ante las instituciones, la responsable de CITE, Carmen Duarte.
La imagen demuestra mucho; atrás habrán quedado veinte días de preocupación e incomodidades, aunque también de demostración de solidaridad por una gran parte, la mayor parte, de la sociedad ibicenca. En realidad, la regularización, aparte de la victoria moral, no altera para nada la situación en aquello que no sea lo que se refiere estrictamente a los papeles, lo que supone un alivio. Los encerrados, y los que en cierto modo estaban representados por éstos, desempeñan hoy por hoy trabajos necesarios, aunque lo hicieran sin los preceptivos permisos ni las necesarias garantías; por eso, su nuevo status no tiene por qué generar más problemas que los que soluciona. En realidad, de haberse aplicado con rigurosidad la Ley de Extranjería, su salida forzosa del país hubiera provocado automáticamente una carencia de mano de obra que la economía ibicenca no se puede permitir, una mano de obra, además, no tan fácil de cubrir como se piensa. Todo eso cambia ahora radicalmente y para bien, aunque queda, como siempre, plantearse qué sucederá en el futuro. ¿Qué pasará si, de pronto, otro numeroso grupo de extranjeros reclama ser aceptado? ¿Tendrán las mismas oportunidades? ¿Y el siguiente? ¿Hasta dónde se puede llegar?.
El tema de la inmigración, en el plano teórico, es uno de los grandes problemas de las sociedades modernas. Por eso, previsiblemente, continuarán los conflictos, cuya resolución, en cualquier caso, debe responder al sentido común y a la humanidad. Exactamente, como ha sucedido esta vez.