Se trata del primer escándalo de primera magnitud que salpica de algún modo al Gobierno popular de José María Aznar en los años que lleva en La Moncloa. La desaparición de una enorme cantidad de dinero (hasta ahora se reclaman más de quince mil millones) depositada por empresas y particulares en la sociedad de valores Gescartera ya ha provocado la dimisión de un alto cargo del Ministerio de Hacienda y ahora se desvelan nuevos vericuetos que no hacen sino complicar una trama ya de por sí confusa.
Tras haberse negado en un principio, el PP acaba de anunciar su disposición a que el Parlamento cree una comisión investigadora. Vista la gravedad que está adquiriendo el caso, al PP no le queda más remedio que aceptar las exigencias de la oposición y dar las máximas facilidades para que aclare este turbio asunto. Después de haber hecho bandera de la lucha contra la corrupción en la época socialista, Aznar tiene que ser consecuente y cortar por lo sano antes de que sea demasiado tarde.
En un caso como éste no sólo está en juego el dinero confiado por los inversores a Gescartera, sino también la credibilidad de todo el sistema de valores financieros español. Los datos más recientes hacen pensar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no actuó con la diligencia e imparcialidad que cabe esperar de un organismo supervisor. En efecto, el dimitido secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, organizó varias comidas en las que puso en contacto a los responsables de Gescartera con la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente.
Con estos datos en la mano, la Asociación de Usuarios de Bancos ha decidido ampliar su querella a una nueva lista de nombres que a buen seguro tendrán mucho que aportar a la investigación. La ciudadanía exige ahora contundencia, firmeza y honestidad para aclarar de una vez todo este entramado.