No es en absoluto esperanzador el clima de enfrentamiento abierto y creciente al que nos están acostumbrando las diferentes fuerzas políticas de las Pitiüses. Y aún lo es menos si echamos una mirada a las cuestiones que tienen que resolverse en esta legislatura y que no podrán arrancar si no se deja a un lado la lucha política y se piensa por un momento en el futuro de Eivissa y Formentera. Y no estamos hablando de ese futuro inmediato que son las elecciones de 2003, sino de ese a largo plazo, el de las próximas generaciones.
Sin duda, el Plan Territorial Insular (PTI) es la normativa de mayor calado que el Consell Insular aprobará en muchos años. Pese a que ningún texto legislativo es inmutable y todos son susceptibles de mejora, el PTI debe nacer con el objetivo de no ser modificado en un largo periodo, de establecer unos límites razonables y, fundamentalmente, de ser aceptado por todos, porque las constituciones "y el PTI tiene tal rango en materia de territorio" no deben ser impuestas como yugo a los ciudadanos.
El Pacte Progressista tiene ante sí un reto que, quizás, le ha cogido aún demasiado verde en política. El equipo de Pilar Costa tiene la obligación de manejar con mucha habilidad la negociación, aunque no se ha destacado precisamente por ello en sus dos primeros años al frente del Consell. Pero tampoco es precisamente digna de alabanza la cerrazón de la que está haciendo gala el PP y que, de continuar así, imposibilitará cualquier acuerdo y meterá a los ayuntamientos bajo mayoría popular en una nueva espiral de enfrentamientos con la primera institución pitiusa. Una vez más, el Pacte tendrá que mirar hacia Joan Buades, de Els Verds, y eso tampoco parece garantía de acuerdo si no se consigue que cambie el actual clima político.