Las islas de la calma han dejado de serlo y, de golpe, se han convertido en una de las comunidades con peores índices de delincuencia, ante la incapacidad policial para atender el aluvión de denuncias. El Govern balear solicita una entrevista con el ministro de Interior para tratar de buscar soluciones consensuadas a ese problema que sitúa a Palma y Manacor como las ciudades donde más ha crecido la inseguridad ciudadana en los últimos tiempos. Muchos, ya se sabe, querrán achacar la situación a la inmigración creciente, pero está claro que no todos los criminales vienen de fuera.
Más bien habrá que pensar en la posición de Balears como líder del turismo nacional para encontrar la razón de la rápida progresión de la delincuencia. Aquí vienen millones de turistas cada año y todos ellos se presentan ante los ojos del delincuente como víctimas potenciales. Y, de rebote, el resto de la población local sufre también las consecuencias.
Conocido el motivo, hay que plantearse enseguida los remedios. Se da la paradoja de que ha bajado en los últimos tiempos el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional destinados a las Islas a pesar del aumento de población, lo que ha forzado a incrementar la seguridad privada que, en según qué casos, no puede actuar. Luego está el otro problema, el de la justicia, que a todas luces no responde con la celeridad y la eficacia que la ciudadanía exige. Detenciones de delincuentes hay muchas, a diario, pero luego no cristalizan en encarcelaciones que significarían la tranquilidad de la población. Hoy las víctimas de pequeños delitos "robos, «tirones», atracos..." tienen la triste sensación de que la ley no responde con suficiente rigor ante su indefensión y para que eso no ocurra deben buscarse soluciones eficaces.