Después de años de intentos y de decepciones, al fin se ha creado el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que se encargará de juzgar los crímenes contra la Humanidad, los genocidios y los crímenes de guerra, aunque los juicios no empezarán efectivamente hasta dentro de un año y medio. Una excelente noticia que, pese a todo, arranca con un déficit fundamental: la ausencia de Estados Unidos, que pretende que sus soldados disfruten de impunidad allá donde vayan, especialmente en sus misiones internacionales. Y no es de extrañar, si tenemos en cuenta que se prepara otra guerra que, de momento, carece de la legitimidad que le daría el «visto bueno» de las Naciones Unidas, que representan la legalidad internacional.
A la ceremonia oficial de nacimiento del tribunal asistió el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pero la ministra de Exteriores española, Ana Palacio, suspendió repentinamente su participación alegando «razones de agenda». Una sorpresa de último momento, pues nuestro país sí ha firmado su adhesión a esta iniciativa crucial para amedrentar a los dictadores y genocidas de cualquier rincón del mundo que se sientan tentados de cometer delitos como el exterminio, la esclavitud, la tortura, la violación, la deportación, el «apartheid» o la persecución por motivos religiosos, étnicos o racistas.
No es fácil, pues, la posición de España, decidida a alinearse con George Bush y Tony Blair en su empeño de emplear la fuerza de las armas contra Irak aun sin contar con el beneplácito de la ONU. Seguramente la creación del TPI suponga un nuevo pedrusco en el camino hacia la guerra de Estados Unidos, pero tal vez se convierta en algo más para los países que sí aceptan al tribunal.