Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que el PNV era un fiel aliado del Gobierno central. Tanto que hoy casi nos parece imposible. Y la prueba es lo que vimos ayer: altos dirigentes peneuvistas -el presidente del Parlamento autonómico, Juan María Atutxa, y los diputados Gorka Knörr y Kontxi Bilbao- acudiendo a declarar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su negativa a acatar las órdenes del Supremo sobre la disolución del grupo abertzale en la Cámara vasca.
Una situación rocambolesca que resultaría cómica si no supusiera un duro golpe a la convivencia y a las normas que rigen la vida en común en este país. Porque, sea cual sea la ideología particular de cada uno y tenga las aspiraciones políticas que tenga, lo cierto para todos los ciudadanos de esta nación es que las órdemes de un tribunal se acatan y punto. Luego uno puede discutir, protestar y recurrir a más altas instancias judiciales, pero siempre después de cumplir la ley.
Pues en eso, precisamente, se basa el Estado de derecho que tanto nos ha costado alcanzar y que disfrutamos desde hace relativamente muy poco. De ahí que resulte incomprensible y rechazable la actitud que últimamente ha adoptado el Gobierno vasco -seguido muy de cerca, todo hay que decirlo, por el de Moncloa- de aprovechar cada circunstancia, cada situación y cada excusa para alimentar una absurda guerra entre instituciones que no conduce a nada. Y en ese marco se inscriben las ridículas declaraciones de un Xabier Arzalluz exaltado pidiendo a los vascos que salgan a la calle si Atutxa resulta condenado.
No es así como se construye un país ni una sociedad, al menos si aspiramos a la normalidad, a la convivencia pacífica y al progreso. Ahora, como siempre, la palabra la tiene la Justicia.