El permiso de la discoteca, una prueba

Al aprobar la Comisión de Actividades Clasificadas del Consell Insular el proyecto que puede suponer la apertura de una sala de fiestas o discoteca en la avenida de Santa Eulària, en Eivissa, se ha generado una enorme polémica a propósito de lo que esta institución debería o no debería haber hecho, en función de la opinión que cada uno tenga sobre un tipo de industria. Desgraciadamente, no es la primera vez que esto ocurre por lo que quizás se hace necesario abrir un debate en el que salga a la luz por qué se generan movimientos sociales que ponen en entredicho, sin probablemente saberlo, el imperio de la ley para exigir que sea la voluntad la que determine qué y qué no es posible. Por lo visto en los últimos años, existe un clima social, ampliamente difundido, que reclama a las instituciones actuaciones que impidan (normalmente es en sentido negativo) que tomen partido contra algo o alguien, olvidando que debe ser la ley la que marque cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Y esto no es de recibo; no al menos en una sociedad moderna en la que ambos estén bien claramente marcados. Hoy es una discoteca; mañana, cualquier otro proyecto. Guste o no, lo justo es que aquel que posea un derecho no sea privado de él, porque el voluntarismo no tiene fin y cualquiera de nosotros puede, mañana, verse en la misma situación. La ley está para ser cumplida, y no para ser moldeada a la medida de nuestras preferencias, y las instituciones y los agentes responsables (los sociales incluidos) no pueden más que defenderla e impulsarla. Eso sí, en toda su amplitud: que alguien tenga un derecho no implica que se perdone su cumplimiento estricto. Por eso, si la sala de fiestas ha de ser una realidad, que lo sean también todas las garantías de sus vecinos de que no supondrá una alteración de sus vidas cotidianas. Hay que defender siempre la ley; por los dos lados.