Al parecer, los socialistas tienen la intención de promover el diálogo con los responsables de las comunidades islámicas de nuestro país como vía principal que conduzca a la prevención del terrorismo. Hora sería de que así fuera. El diálogo resulta siempre eficaz si de evitar radicalismos se trata, y no olvidemos que esas posturas radicales constituyen el caldo de cultivo del fanatismo terrorista.
Durante los últimos 15 años, acompañando a una inmigración procedente en su mayoría de los países norteafricanos, han venido instalándose entre nosotros comunidades islámicas que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta como en líneas generales lo han sido hasta ahora. Sus costumbres, tradiciones y prácticas religiosas, singularmente éstas últimas, deben contar con la atención de los gobernantes españoles y no sólo como muestra de un principio de tolerancia sino como un medio de yugular el desarrollo de actitudes fanatizadas fuera de todo control.
Se trataría de aislar a los clérigos radicales y a quienes estarían dispuestos a seguirlos más allá de toda lógica. Y nadie vea en ello una toma de posición que no responda de forma exquisita a cualquier exigencia democrática. Lo más democrático es la consecución de la libertad, y la libertad, no lo olvidemos, o es de todos o no es de nadie. Si en el seno de las comunidades islámicas existentes en España se desarrollan y esparcen principios que hacen de la intolerancia y la violencia su peligrosa enseña, es necesario afrontar la cuestión con la mayor energía posible. A su vez, el Gobierno está obligado a ayudar y auspiciar la normal dinámica de nuestras comunidades islámicas y la razonable convivencia de aquéllos que desean vivir y prosperar en paz.