Por obvias razones, España llegó tarde a la ratificación del inicial Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado en Roma, en 1950. No fue hasta 1979, con nuestro país convertido ya en democracia constitucional, cuando nuestros representantes pudieron ratificarlo, junto con varios de sus protocolos. Pero ese retraso causado por la pervivencia en España de la dictadura franquista tuvo como es lógico determinadas consecuencias. Entre ellas, que el compromiso español con los derechos humanos fuera de menor grado, por así decirlo, que el de la mayoría de países europeos, debido a la no ratificación en su momento de ciertos protocolos adicionales. Conscientes de ello, desde el Grupo Socialista en la oposición se propuso en el año 2001 la firma de los protocolos, cuatro, siete y doce, básicamente referidos a la libre circulación de nacionales y extranjeros y a las condiciones legales para la expulsión de estos últimos, a la igualdad de los cónyuges, y a la prohibición de discriminación en cualquier ámbito y por parte de cualquier autoridad pública, entre otros aspectos, entendiendo que todo ello supondría una ampliación de nuestro compromiso con los derechos humanos. Pero ocurrió entonces que la intransigente, y hasta cierto punto inexplicable, postura del PP impidió dicha ratificación.
Sin aportar explicaciones convincentes, los conservadores rechazaron la propuesta socialista, hurtando así la posibilidad de que nuestra legislación se «enriqueciera en materia de derechos humanos. Tras el vuelco electoral del pasado 14 de marzo los socialistas, con buen criterio, se han apresurado a proponer al Congreso que inste al Gobierno a la ratificación de los citados protocolos, algo a lo que por cierto se ha vuelto a oponer el PP, por más que ahora su cerril actitud tiene pocas posibilidades de prosperar. En cualquier caso, no deja de llamar la atención esa postura de la derecha española siempre tan refractaria a cualquier avance, cuando de derechos humanos se trata.