El Govern balear ha propuesto a Madrid la adquisición del cuartel del antiguo Regimiento Mixto de Artillería Palma Nº 91 para la construcción de 1.200 viviendas de protección oficial, muy necesarias en estos momentos, para la que el Ejecutivo autonómico ha previsto destinar más de 23 millones de euros.
Las instalaciones, propiedad del Ministerio de Defensa, se adjudicarán por el procedimiento de concurso y no por el de subasta, lo que significa que la Administración central tendrá en cuenta otros valores además de las consideraciones meramente económicas. Lo lógico, en el caso que nos ocupa, es que se valore más la oferta de las administraciones autonómica y local que las que puedan presentar otras empresas privadas.
De este modo, además, Govern y Cort deberían dirigir sus esfuerzos a dotar a la zona de todas las infraestructuras precisas para la barriada y sus nuevas condiciones demográficas, contando con centros de salud, parques, colegios, etcétera.
Pese a que se trata, en primer término, de una iniciativa que hay que considerar positivamente por cuanto supone poner en marcha una reconversión donde ahora se encuentran unas instalaciones militares en desuso, no hay que dejar de lado cómo se va a llevar a cabo y si el número de viviendas previstas es o no excesivo. Del mismo modo que hay que evitar el impacto negativo que produciría construir demasiadas alturas.
No sería bueno convertir la zona en una colmena porque ello supondría una degradación y de lo que se trata, con todo, es de potenciar y revalorizar. Si estos objetivos se consiguen, sin duda redundarán en beneficio de los ciudadanos de Palma, que verán mejorar sensiblemente una parte de la ciudad.