El Gobierno central no contempla incrementar la financiación de la sanidad balear con el nuevo Régimen Especial, amparándose en un informe de 2003 que considera válido el acuerdo de financiación del año 2001. Sin embargo, estas evaluaciones se nos antojan, cuando menos, poco próximas a la realidad. Balears ha ido incrementando su población, básicamente debido a los inmigrantes, a los que, como es lógico, hay que prestarles asistencia sanitaria sea cual sea su situación legal. Madrid, para empezar, parece no tener en cuenta este hecho, que ha modificado sustancialmente el mapa demográfico de las Islas.
Es un hecho evidente, además, que la situación de la atención sanitaria en Balears era bastante deficiente, y no porque los profesionales no fuera competentes, sino por la carencia de medios materiales y humanos suficientes para un correcto funcionamiento de la misma.
En otras comunidades se ha apuntado como posible mecanismo de financiación la aportación de cantidades simbólicas por parte de los usuarios, pero no debemos olvidar que eso sería volver a pagar por un servicio que ya se ha cobrado y no a un precio muy bajo precisamente. Pero éste no es, por el momento, el caso de nuestra Comunitat Autònoma.
Si a la negativa a aumentar el dinero para la sanidad balear se sumara una mayor financiación para otras autonomías, el agravio comparativo sería un insulto intolerable, aunque por ahora esto no se ha producido. Y no sería bueno en absoluto que primaran los intereses partidistas en un caso como éste. De hecho, lo más necesario para que los ciudadanos de Balears no padezcan una situación absolutamente injusta es que Govern balear y Gobierno central lleguen a un acuerdo para que la atención médica sea moderna, eficaz y rápida.