Pongamos que Fernando Huarte sea, de verdad, un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que Rabia Gaya sea el número dos de Huarte, como ha sido revelado en la prensa, y que haya más agentes infiltrados en el seno de los grupos de terroristas islámicos, como se detalla en la información periodística que se ha podido «atar», según algunos medios de comunicación, gracias a la aportación de la necesaria «garganta profunda» encarnada por el ministro Bono. Entonces queda en el aire el dilema de si se ha vulnerado, o no, la Ley de Secretos Oficiales, o si ha existido «delación», por haber revelado el nombre y haber publicado la imagen de los susodichos.
El PP, a través de Eduardo Zaplana, reclama la comparecencia de Huarte y también la del preso Abdelkrim Mensmail, vinculado al grupo terrorista GIA, ante la comisión del 11-M, para que se revele el contenido de la conversación durante la visita carcelaria del primero al segundo, a pesar de que en el año 2002 el Gobierno del PP lo conocía, o debía conocerlo, puesto que se desechó la grabación efectuada, habitual con todos los presos por terrorismo, «por irrelevante para la investigación judicial o para la seguridad del Estado».
Y mientras eso se aclara, la seguridad de dos hombres y la de sus familias ha quedado claramente en precario. Si Huarte es, simplemente, el presidente de una ONG llamada Asociación Nacional de Amigos del Pueblo Palestino Al-Fatah se le habrá hecho un daño irreparable, porque siempre estará, lo mismo que Gaya, y también sus familias, en el punto de mira del terrorista que se cree delatado. Y por último, dadas las circunstancias y las dudas que pueden haber surgido en la opinión pública con todo este asunto, sería bueno aclarar todo cuanto sea necesario. Ahora bien, no se puede pretender en absoluto que se publique la lista, paradero y función de todos los agentes del CNI.