Como cada año por estas fechas, muchos contribuyentes empezamos a ponernos nerviosos ante la obligatoriedad de comparecer ante la Agencia Tributaria para poner en orden nuestras cuentas del año pasado. Es un calvario cada vez más llevadero gracias a las facilidades con que las autoridades nos obsequian con tal de acabar cuando antes y de la forma menos traumática y costosa posible con el trámite -hoy más cómodo vía internet y a través del borrador-.
Dieciséis millones de españoles tendrán que presentar la declaración y más de doce millones resultarán negativas, un 78 por ciento. Este dato vuelve a confirmar que el sistema no está todo lo desarrollado que debiera. Porque lo que a la inmensa mayoría nos supone una alegría -que nos devuelvan dinero-, algo así como una paga extra inesperada, en realidad es un fallo del modelo tributario español.
De hecho, esa ingente cantidad de españoles que recibirá dinero en esta campaña se ha visto privada de ese montante cuando le correspondía, es decir, a lo largo del año pasado. Se lo adelantó, por así decirlo, al Estado, que ahora, como no le pertenecía, lo tiene que devolver. Con meses de retraso y sin intereses.
Habría que encontrar la fórmula para que ese dinero -más de nueve mil millones de euros- le llegue a cada contribuyente en su debido momento y, a la hora de hacer las cuentas, el saldo sea neutral, sin pagos y sin devoluciones, al menos en la mayoría de los casos. Con este método actual, el Gobierno se aprovecha de los contribuyentes -asalariados básicamente- durante un año entero y, aunque nos resulte satisfactoria la devolución, lo cierto es que es un préstamo injustificado e involuntario.