Un año más, los padres de miles de niños de Balears están a punto de culminar el proceso de adjudicación de una plaza escolar para sus hijos. Algunos con más fortuna que otros, aunque según los responsables de la Conselleria d'Educació el grado de satisfacción de las demandas familiares ha sido elevadísimo, del 91 por ciento.
Todos cuantos han pasado por este trance saben que el sistema de adjudicación de plazas de hace unos años resultaba completamente injusto, por las «trampas» habituales. Hoy parece que el proceso se ha ajustado más, de forma que el fraude es más difícil. El control de las rentas declaradas a través de Hacienda y la comprobación de los domicilios han mejorado la situación.
Pese a la mejoría y a la ampliación del número de plazas en centros públicos y concertados para hacer frente al aumento de la demanda -por el crecimiento de la población, básicamente-, lo cierto es que los colegios con mejor fama siguen siendo los mismos y siempre serán los que figurarán en las preferencias de más familias.
El reto, todavía, sigue siendo dignificar la calidad de la enseñanza pública para hacerla más atractiva a una gran mayoría de ciudadanos. Cosa que hoy no ocurre.
Con estos parámetros, garantizar la libre elección de centro, tal como prometió el Govern de Jaume Matas en su programa electoral, será todavía una utopía. No es un asunto baladí, porque lo que está en juego es el estilo educativo que las familias aspiran a proporcionar a sus hijos. Es, en definitiva, sentar las bases de su educación, lo que equivale a decir de su futuro como personas. De ahí la necesidad de limar diferencias y conseguir que colegios privados, públicos y concertados ofrezcan idéntica calidad.