Cuando suena con mucha fuerza el alboroto por la reforma de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y de Catalunya, ha sido otra comunidad autónoma, Valencia, la que se ha adelantado presentando un texto consensuado por los dos principales partidos: PP y PSOE.
Se trata de una reforma que ha sido recibida con aplausos por parte de los dos grandes partidos nacionales y con cierta tibieza, si no con furia, por los pequeños grupos nacionalistas, que ya anuncian cambios a su paso por el Congreso de los Diputados.
Sin ir tan lejos, el propio president del Govern balear, Jaume Matas, ha acogido la noticia con satisfacción, pero advirtiendo que para Balears aspira a mucho más. No es de extrañar. El texto pactado para Valencia establece el reconocimiento de la comunidad como histórica, la facultad del president de disolver de forma anticipada las Cortes Valencianas, la creación de un Servicio Tributario propio y el establecimiento de una renta mínima de ciudadanía, como novedades más destacables.
Sin embargo, se elude reivindicar algo que para Catalunya es irrenunciable, como el concierto económico que ya disfrutan Euskadi y Navarra. De ahí que en Barcelona se considere que este nuevo Estatuto es «fotocopiable» para otras comunidades autónomas, pero inaceptable para Catalunya. Algo parecido debe pensar Matas, que aspira -lógicamente- a que Balears goce de idénticos privilegios que las autonomías más avanzadas, aunque siempre dentro del marco de la Constitución. El consenso es siempre loable, pero desde el punto de vista balear el horizonte lo pone Catalunya. Es bueno saber que el PP balear quiere ir más lejos en el autogobierno y, sobre todo, en la necesidad de conseguir una financiación más adecuada a nuestra realidad autonómica.