La Ley de Drogodependencias aprobada por el Govern balear, que restringe el consumo de tabaco en locales públicos, entró ayer en vigor. Esta norma dejará paso en apenas medio año a la ley estatal que, con rango superior, estará vigente a partir del 1 de enero de 2006.
Es evidente que las administraciones públicas deben velar por la salud de sus ciudadanos y, en este sentido, es comprensible que se legisle para controlar, reducir y eliminar, en la medida de lo posible, el consumo de tabaco. Porque toda la comunidad médica apunta a él y a sus componentes como una de las principales causas de mortalidad en la sociedad occidental, y ya no sólo entre los fumadores, sino también entre aquellas personas que conviven con ellos en un mismo espacio.
Dicho esto, cabe señalar que la nueva normativa autonómica apenas era ayer conocida por la mayor parte de los ciudadanos. En bares y restaurantes no sabían cómo debían actuar. En general, fue un día más. Esto, sin lugar a dudas, denota que el Govern no ha hecho el suficiente esfuerzo por informar de manera precisa de la nueva norma para que todos supiéramos a qué atenernos y cómo actuar.
Pero además, en el caso que nos ocupa, también debe hacerse un esfuerzo para que los fumadores puedan dejar el hábito, y eso conlleva que la Administración ponga los medios necesarios. Como cualquier otra adicción, superar el hábito es algo complejo que requeriría de una intervención multidisciplinar.
Hasta ahora parece que falla incluso el terreno educativo. Cada vez los jóvenes se inician a más temprana edad en el hábito de fumar. La ley ha entrado en vigor, pero parece que los deberes no se han hecho bien.