La Conferencia de Presidentes del pasado sábado acabo con un «acuerdo de mínimos» sobre la financiación sanitaria que deberá ser ratificado por las comunidades autónomas y el Gobierno central en la próxima reunión del Consejo de Política Económica y Fiscal. El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, incrementó sensiblemente la propuesta inicial, incluyendo 70 millones de euros adicionales para Balears, en compensación del incremento de la población y de la insularidad.
Pese al esfuerzo realizado por el Gobierno, este aumento no supone una solución definitiva, puesto que existen problemas de fondo en la sanidad que deben ser abordados de forma consensuada por todos los partidos políticos. De hecho, las prestaciones de la sanidad pública son diferentes de una comunidad autónoma a otra; en unas regiones se ofrecen servicios que no se contemplan en otras. Y eso, sin duda, supone un agravio comparativo entre ciudadanos de un mismo Estado. Todo esto, amén del gasto farmacéutico dispar y de la atención médica gratuita a extranjeros.
En cualquier caso, es evidente que el dinero para afrontar todos estos gastos debe obtenerse de algún lado. Y, en este sentido, existen sensibles diferencias de criterio. Mientras algunos abogan por aumentar impuestos indirectos como los que gravan alcohol, tabaco o combustibles, otros son partidarios de incrementar los directos para que paguen más quienes más tienen. También se habla de la posibilidad de establecer un canon por servicio prestado.
Las opciones están sobre la mesa, pero si de verdad se quiere abordar el problema con garantías, es imprescindible el acuerdo y el consenso. En temas tan sensibles como la sanidad o la educación, no sería bueno que se adoptaran actitudes partidistas.