Uno de los asuntos recurrentes desde la restauración de la democracia en España tras la Transición es el de la conversión del Senado en una auténtica cámara de representación territorial y no, como hasta el momento, en un organismo de segunda lectura y perfeccionamiento de las leyes que aprueba el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció ayer, en la sesión de la Cámara alta en la que intervienen los presidentes de las comunidades autónomas, la creación de una ponencia que estudie la modificación constitucional pertinente para llevar a cabo esta reforma.
Sin embargo, y a pesar de que es necesaria una nueva vertebración de la representación de las diferentes regiones y nacionalidades a nivel general, el desencuentro con el Partido Popular no invita precisamente al optimismo. Y, en este caso, sí que resulta imprescindible su concurso por cuanto no nos encontramos en el mismo escenario que el de la admisión a trámite del Estatut de Catalunya. Y una reforma del texto constitucional requiere de una mayoría cualificada. Eso amén de que sin un consenso razonable, cualquier cambio puede estar abocado a un rotundo fracaso.
Y, además, se hace imprescindible que estos cambios sean explicados convenientemente a los ciudadanos, que, por el momento, no perciben éstos como algo próximo y, en muchos casos, ni siquiera como algo necesario.
Pero es cierto que la diversidad del Estado requiere de fórmulas imaginativas para integrar lo distinto en un proyecto más amplio, al tiempo que se facilita el autogobierno y se acerca la gestión y la administración a los ciudadanos. La tarea no es fácil y el aislamiento político del adversario tampoco es la mejor estrategia a largo plazo.