Unos meses después de que entrara en vigor la ley antitabaco promulgara por el Govern balear -con algunas carencias-, el Gobierno de la nación hace lo propio, con un texto mucho más restrictivo que el autonómico, lo que acarreará ciertas ventajas y también algunos problemas, especialmente al sector de la hostelería.
Pese a ello, hay que mirar la decisión gubernamental como lo que es, es decir, como un intento -quizá mejorable- de detener una lacra sanitaria como es la adicción al tabaco de millones de españoles. Por encima de la conveniencia o no de las medidas adoptadas en el sector hostelero -que en Balears, lógicamente, preocupa mucho- hay que pensar en las cincuenta mil muertes al año que provoca el tabaquismo en nuestro país, incluyendo a cinco mil fumadores pasivos.
Desde esta perspectiva de protección de los no fumadores y de prevención del tabaquismo, la ley es acertada, aunque debería plantear también la desintoxicación de los adictos en el sistema público de salud, hoy descartada.
Por lo demás, los afectados por la normativa tendrán que adaptarse a las nuevas exigencias, a pesar de su coste y de las complicaciones que puedan acarrear, especialmente en lo concerniente a la compartimentación de los espacios.
Al final, la esperanza es que con el tiempo la sociedad en su conjunto deje de asociar la idea de estar en un bar o en un restaurante con el deseo de fumar. Sólo así el sector saldrá bien parado y para eso será necesario el paso del tiempo y una ingente labor de concienciación que disocie la imagen del tabaco con el placer, el ocio, la amistad, la noche y la diversión. Pero eso llevará años, quizá décadas, y, mientras, los grandes perjudicados serán los hosteleros.