Uno de los aspectos más relevantes del proyecto de ley de garantía de igualdad entre hombres y mujeres es sin duda el concerniente a su situación laboral, obviamente necesitada de mejora. En España, el salario medio de una mujer es un 19% (15% en el resto de Europa) inferior al de un varón que realice su mismo trabajo. Por otra parte, si atendemos a la estadística correspondiente al año 2004, encontramos que 100.000 españolas tuvieron que dejar su empleo por razones familiares, mientras que en el caso de los hombres la cifra es de tan sólo 3.000. Tampoco la igualdad de oportunidades es la misma, especialmente cuando se trata de acceder a cargos de importancia.
Vivimos en un país en el que sonroja comprobar la escasez de mujeres que ocupan una cátedra, cuando hoy el número de universitarias es superior al de universitarios. La reseña de los datos que hablan de una real discriminación al respecto resultaría abrumadora. Es por todo ello que dicho proyecto de ley -que también persigue el fin de la discriminación en los ámbitos político, civil y cultural- debe ser celebrado por aquellos que se esfuerzan por hacer del nuestro un país que camina hacia la modernidad. Tras su aprobación, el texto será remitido al Parlamento, en donde, después de los consiguientes debates y enmiendas, puede ser definitivamente aprobado en el plazo de unos seis meses. En su conjunto el trámite no va a ser fácil, y buena prueba de ello lo constituyen las «reticencias» que desde el mundo empresarial llegan hacia una futura ley encaminada a liquidar muchos prejuicios anclados ya en la mentalidad de la mayoría. Ello convierte en casi imprescindible el que no se trate de una ley que quede únicamente en papel. Porque si lo que se pretende es acabar de una vez con la discriminación que todavía planea sobre el panorama laboral de la mujer, es necesario que las normas tengan un carácter coercitivo. No estamos ya en tiempos de aconsejar la igualdad laboral entre hombre y mujer, sino en los de convertirla en obligatoria.