El crimen organizado ha trastocado muchos esquemas y la ingente afluencia de inmigrantes a España ha conllevado también un incremento de delincuentes procedentes de países del Este, principalmente, y la proliferación de bandas con raíces sudamericanas.
Esto no debe contribuir a criminalizar a la gran mayoría de personas que han optado por nuestro país para trabajar y, de esa forma, tener posibilidades de alcanzar un mejor nivel de vida. Esto sería absurdo y una enorme injusticia.
Dicho esto, cabe analizar la incapacidad manifiesta para hacer frente a esta nueva delincuencia por parte de las Administraciones públicas, en especial en Catalunya, aunque se dan casos en toda la geografía del Estado. Y es que ni el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni los anteriores de José María Aznar, pese a que se veía venir que algo así podía suceder, han hecho lo suficiente para poner remedio al caos que vivimos en materia de seguridad ciudadana.
Frente a ello, el director general de la Guardia Civil, el mallorquín Joan Mesquida, anunció el envío de agentes en prácticas a las zonas susceptibles de ser objeto de las actuaciones de estas nuevas bandas de delincuencia organizada. Y, ciertamente, esta medida puede contribuir a elevar el nivel de seguridad ciudadana en zonas conflictivas. De la misma manera, la creación del nuevo centro de inteligencia para que los diferentes cuerpos policiales compartan información relevante puede ser una herramienta esencial.
Ahora bien, es lógico que los ciudadanos se pregunten si todo esto no podía haberse hecho antes, evitando de este modo los daños personales y materiales que han sufrido muchos.