El Ministerio de Interior ha prometido que se aplicarán sanciones ejemplares a los policías nacionales que presuntamente abusaron de varias mujeres inmigrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga. De confirmarse los hechos, la sentencia debería borrar esta gravísima conducta con unas condenas propias a los actos cometidos por un Cuerpo Nacional de Policía que, en teoría, sirve a los ciudadanos y no se sirve de ellos.
Aplicando el principio de inocencia, habrá que esperar el tiempo preciso hasta que la Justicia dictamine qué ocurrió exactamente en el centro de internamiento. Los tres policías se encuentran en prisión incondicional y, por el momento, permanecerán encarcelados si no prosperan los respectivos recursos presentados por las defensas de los policías.
El presunto abuso de estas mujeres inmigrantes ha despertado un aluvión de críticas que cuestionan un posible abuso de poder por parte de algunos miembros del Cuerpo. Los sindicatos tampoco han ayudado mucho a presentar este lamentable hecho como algo aislado, irrepetible y, por supuesto, sancionable. En cierto modo justifican la actitud de los policías afirmando que fueron objeto de una provocación. Flaco favor hacen al Cuerpo Nacional. Si así hubiera sido, basta con denunciar los hechos y no abandonar bajo ningún concepto la salvaguarda de los derechos de todos los ciudadanos que viven en el Estado español, sean o no españoles y estén o no documentados. Es preciso una investigación exhaustiva y aclarar cuanto antes los hechos. Los inmigrantes, sean hombres o mujeres, merecen todo el respeto que otorga la legislación y, en ningún caso, una humillación que ensombrece el trabajo de toda la Policía Nacional.