Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, afirmó ayer que en muchos ayuntamientos de Balears y en otras regiones costeras españolas se han practicado políticas urbanísticas «bastardas», una afirmación que ha provocado, lógicamente, inquietud en el sector de la construcción y ha propiciado el debate entre políticos de diferentes municipios.
Las declaraciones del ministro, claras y contundentes, comparándonos con Marbella, no constituyen una buena propaganda para Balears, pero es absurdo negar la evidencia. En las Islas se han abierto varias causas por presunta corrupción urbanística. La maquinaria de la Justicia se ha puesto en marcha y habrá que esperar para saber cómo se resuelven los distintos sumarios. Pero hay que admitir que tanto en Balears como en Canarias y en la costa peninsular mediterránea se dan idénticas circunstancias de desarrollo urbanístico que propician casos de corrupción. ¿Es Balears una excepción? Responder afirmativamente sería una ingenuidad, como lo sería poner la mano en el fuego en defensa de la honestidad de todos y cada uno de los políticos responsables de urbanismo. Una gran mayoría son personas honradas, pero no se puede descartar que haya corruptos. Esto no es, por fortuna, Marbella. O, al menos, no lo es hasta que se demuestre lo contrario. Es cierto que en Balears no se han revelado indicios tan escandalosos como en la capital de la Costa del Sol, pero los fiscales y jueces tienen la palabra. Y si encuentran culpables, que caiga sobre ellos todo el peso de la Justicia.
López Aguilar quería transmitir un mensaje de esperanza en la lucha del Gobierno contra la corrupción y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las políticas municipales. Y esto es lo que hay que conseguir: erradicar toda sospecha de corrupción, sin rasgarse las vestiduras porque nos haya comparado con Marbella.