PP y PSOE se juegan hoy algo más que la reforma del Estatut balear; se juegan también su credibilidad ante los ciudadanos de las Islas, que miran atónitos el espectáculo que se está viviendo en las semi secretas reuniones del Congreso de los Diputados, donde desde la dirección de ambos partidos se está decidiendo cómo será la principal norma de las Islas. Culpa de este proceso de indefinición, de prórrogas, de amenazas de bloqueo, de contrapartidas políticas más o menos expresadas la tienen tanto Francesc Antich como Jaume Matas.
La tramitación de la reforma duró demasiado en las Islas, con un PP reacio a entrar en un juego estatutario cuestionado desde la dirección de los populares de Madrid. El decisivo papel jugado por Rosa Estaràs fue clave en la etapa inicial, como lo fueron el de la socialista Francina Armengol o el del nacionalista Eduard Riudavets. Pero la reforma estatutaria no comenzó a quedar bloqueada el día que entró en el Congreso, sino el día que salió del Parlament, con un apresurado acuerdo entre Matas y Antich que ahora se ha visto muy poco efectivo.
Es importante que Balears reciba dinero en compensación por el déficit inversor que ha padecido de forma histórica y es importante que las Islas no vuelvan a quedar en el vagón de cola de las comunidades incapaces de ampliar sus miras y ambicionar un Estatut de primera, igual al de territorios como Catalunya. La Comunitat no puede quedar de nuevo relegada al ostracismo estatutario en el que ha estado sumida desde hace 23 años. Ha llegado la hora de la responsabilidad, de que el PP y el PSOE de las Islas superen el corsé de su pertenencia a partidos con intereses políticos nacionales y comiencen a pensar en los intereses de los ciudadanos de Balears.