a propuesta que está dispuesto a aplicar el Gobierno respecto a la modificación de las condiciones de jubilación en España, tal y como anunció días atrás el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, es una llamada de atención respecto al nuevo escenario demográfico y laboral que se está conformando en España el cual puede acabar justificando, en buena medida, el retraso voluntario e incentivado de la jubilación hasta los 70 años.
El ministro Caldera, en su planteamiento, no ha dado a conocer todos los detalles de esta iniciativa de enorme calado en el mercado laboral español. Hasta el momento ha trascendido que la prolongación de la vida laboral, un máximo de cinco años, será una decisión voluntaria de los trabajadores a razón de entre un 2 y un 3 por ciento de aumento de la pensión por año. En contrapartida, los empresarios dejarán -a partir de los 65 años- de cotizar a la Seguridad Social por estos trabajadores a los que sólo deberán abonarles su sueldo. Un punto a aclarar corresponde a quién -¿el empresario?, ¿la Administración?- deberá determinar el fin de una vida laboral en contra de la voluntad del trabajador. La casuística es infinita.
La incorporación tardía al mercado laboral y la mejora de las expectativas de vida son factores muy importantes a tener en cuenta cuando se trata de garantizar, como así lo exigen los avances asumidos por el Estado del bienestar en Occidente, el pago de las pensiones a lo largo de veinte o treinta años. Entonces, la Seguridad Social deberá hacer frente al pago de pensiones a trabajadores con menos años de cotización y durante más tiempo.
Sorprende que haya sido un Gobierno de signo progresista el que se muestre dispuesto a modificar las condiciones de jubilación de los trabajadores, razón de más para ser didácticos en una decisión necesaria y valiente.