Los jueces y magistrados de Palma y Eivissa "los de Inca, Manacor, Maó y Ciutadella no secundan la convocatoria" protagonizarán una huelga insólita por muchas razones, pero todas ellas superadas por la intransigencia del titular del Ministerio de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuya actitud ha sido, en definitiva, la principal responsable del paro previsto para hoy en los juzgados de lo Civil, Penal, Social y Mercantil.
Desde el punto de vista constitucional es cuestionable que un poder del Estado, el judicial, pueda ponerse en huelga, tal y como advirtió en su momento el Consejo General del Poder Judicial, cuyas recomendaciones han sido desoídas por los jueces y magistrados por la manifiesta falta de voluntad de acuerdo por parte del Ministerio ante las más que razonables peticiones de las asociaciones de profesionales. La falta de medios, técnicos y de personal con la que los jueces deben realizar a diario su tarea es un problema de primer orden en España. El colapso de los asuntos es total y la respuesta que se obtiene del Gobierno es, sencillamente, la indiferencia del titular del Ministerio de Justicia, del que sólo cabe exigir que abandone cuanto antes el cargo o que el presidente decrete su cese inmediato.
Nunca, hasta el momento, se había producido una respuesta tan masiva en contra del Gobierno "y de sus propios dirigentes" por parte del estamento judicial, circunstancia que refleja el grado de malestar y tensión que se ha alcanzado y que rebasa las simples demandas de incremento salarial. El problema es grave, muy grave. Un país en el que sus jueces y magistrados, hartos, deciden desafiar al propio Estado refleja que funciona muy mal.