La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma dictó ayer una sentencia con durísimas condenas para los principales implicados en el llamado 'caso Son Banya', los cuales ingresaron ayer mismo en prisión sin fianza. En este sentido destacan la pena de 22 años de cárcel para Francisca Cortés Picazo 'La Paca', los 9'5 años para José Gómez 'Pepote' -ex inspector jefe de Atracos de la Policía Nacional- y los 7 años para su compañera sentimental y abogada, María de los Angeles López Calderón.
El 'caso Son Banya' ha puesto en evidencia el submundo de la droga que existe en el poblado gitano y la extensa red de corrupción que genera y que llega, tal y como detalla el fallo, hasta personas perteneciente a servicios como el de la policía en los que la comunidad tiene depositada su confianza.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial reconocen el carácter ejemplarizante que quieren darle a la sentencia del 'caso Son Banya', admiten que se trata de «evitar que corrupciones de este tipo se repitan, y si ocurren que el culpable conozca que recibirá un duro y ejemplar castigo» -refiriéndose a la participación de 'Pepote'-, un mensaje a la sociedad que trata de ser inequívoco respecto a la posibilidad de que existan resquicios por los que pueda colarse el menor atisbo de corrupción. En la misma línea podría entenderse la reciente sentencia del 'caso facturas', también con severas condenas para la ex cúpula de la Guardia Civil en Balears.
Los más que previsibles recursos contra la sentencia que se presentarán ante el Tribunal Supremo permitirán conocer si las tesis de la Audiencia palmesana son compartidas por el Alto Tribunal. Bueno sería que existiera un mismo criterio.