La decisión de la Fiscalía General del Estado, que dirige Cándido Conde-Pumpido, de no conceder la prórroga a la continuación de las investigaciones que seguían los fiscales de Balears contra el ex president Jaume Matas -unas diligencias iniciadas a raíz de una denuncia anónima sobre su supuesto enriquecimiento ilícito- deja en manos del fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, la decisión final sobre el archivo del asunto o, por el contrario, formular una denuncia o querella ante el juez.
Un error de cálculo en el tiempo disponible para seguir investigando o de procedimiento podrían haber sido la causa técnica que habría permitido el cierre de las diligencias informativas. Contrariamente a lo que se pensaba, los fiscales Anticorrupción de Balears que llevaban el asunto no actuaban bajo el 'paraguas' de la Fiscalía Anticorrupción estatal y, en consecuencia, no disponían del plazo de doce meses que el Estatuto del Ministerio Público establece para los casos impulsados por esa fiscalía especial. Al tratarse de un asunto tramitado directamente por la Fiscalía balear el plazo era de seis meses. Habiendo transcurrido ese tiempo, si se deseaba seguir investigando, era necesario pedir una prórroga al fiscal general. Conde-Pumpido ha decidido, «ante la escasa entidad de los datos recabados», que no procedía seguir con las pesquisas. Vista la resolución de su jefe de Madrid, todo hace indicar que el fiscal superior de Balears dará carpetazo al asunto. Será muy significativo que, pese a los numerosos indicios que han ido apareciendo en los medios de comunicación, el caso no acabe en manos de un juez y sin ni siquiera citar a Matas para que dé las explicaciones oportunas.
Cabe preguntarse si el 'caso Matas' se cerrará simplemente porque se les ha acabado el tiempo a los fiscales -por otro lado enfrascados en muchos más casos- o porque no han encontrado realmente nada delictivo. Esperemos que sea por este último motivo y no por presiones políticas o de otro tipo.