El obispo auxiliar de Madrid y secretario de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, no ha dudado en considerar que «están objetivamente en pecado público y no pueden ser admitidos en la sagrada comunión» aquellos políticos, católicos, que apoyen el nuevo proyecto de ley del aborto que se tramita en el Congreso de los Diputados. Las manifestaciones del representante de la jerarquía eclesiástica suponen una vuelta de tuerca más en la presión contra esta iniciativa legislativa del Gobierno, la cual pretende ampliar las actuales condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país.
Las declaraciones de Martínez Camino se enmarcan, como no podría ser de otro modo, en la más estricta ortodoxia de la moral católica que él "al igual que millones de creyentes", en razón de su cargo, tiene todo el derecho a defender. Se equivoca, sin embargo, el representante de la Conferencia Episcopal Española al señalar con su dedo acusador a los políticos católicos que no sigan sus indicaciones, un gesto intimidatorio que no puede interpretarse como una clara injerencia en el ámbito 'de lo que es del César', que es lo que al fin y a la postre se dilucida con las votaciones en el Congreso.
Desde cualquier punto de vista se entendería la opinión libre de los obispos sobre una cuestión tan delicada, e íntima, como es la del aborto; incluso una recomendación sobre una coherencia de los diputados católicos con las indicaciones de su Iglesia y sus mandamientos. Martínez Camino olvida que el aborto, en España, es una decisión personal de la mujer que puede atenerse, o no, a sus creencias religiosas, una cuestión que los diputados, católicos, también deben poder valorar.