El president del Govern, Francesc Antich, se ha comprometido "después de los contactos mantenidos ayer con sus socios, UM y el Bloc" a dar a conocer hoy su decisión final sobre la actual crisis institucional que vive Balears. Al término de las entrevistas se puso de manifiesto, a tenor de las declaraciones de sus dirigentes, que todavía hay un margen de entendimiento en el seno de las formaciones que integran el pacto, basado en la redacción de un 'código ético' acaptado por el PSOE, Bloc y UM pero del que, por el momento, se desconoce su texto y sus posibles consecuencias. En todo caso, ya no hay dudas de que el pacto sigue adelante.
En el asunto de los imputados no se puede actuar con actitudes maximalistas. No puede tener la misma importancia política ser citado ante el juez como imputado que tener que hacer frente a una petición de medidas cautelares, para eludir el ingreso en prisión, o la apertura de juicio oral. Cuando los jueces adoptan estas últimas resoluciones es que las sospechas o los meros indicios inculpatorios han adquirido una gravedad y consistencia jurídica que obligan a tomar esas medidas. Sin obviar que hasta que hay sentencia sigue imperando el principio de la presunción de inocencia, lo razonable es que llegados a este extremo los políticos incursos en procedimientos por supuesta corrupción abandonen sus cargos para no perjudicar a las instituciones. Cabe pensar que el 'código ético' que los partidos de centro-izquierda quieren imponerse resolverá esta cuestión que les ha enfrentado durante los últimos días.
Salvo imprevistos, todo hace prever que una vez más se ha salvado el pacto, pero lo que la ciudadanía no permitirá a Antich y a los restantes dirigentes del PSO, UM y Bloc es que dentro de un cierto tiempo estalle de nuevo una crisis semejante. Su única misión hasta que acabe la legislatura es actuar con responsabilidad y gobernar con eficacia. Simplemente y sin más enfrentamientos.