Existe lo público, lo privado y la Autoritad Portuaria de las Balears. La APB (junto con Aena, gestor del puerto el primero y del aeropuerto el segundo) se encuentra en una dimensión paralela de la realidad, un lugar donde no existe ni lo público ni lo privado ni tampoco todo lo contrario.
Solamente en esa dimensión paralela es posible que, en la reforma de algo público, como es el puerto de Eivissa, se sitúe por encima de todo lo demás el beneficio de la propia entidad (pública también) que lo promueve. Solo en esa dimensión es posible que, sobre algo que es de todos, los representantes de los ciudadanos (esos que hemos elegido con nuestro voto) no tengan ningún poder de decisión. Ciertamente, a dichos representantes se les deja hablar, pero, ¿qué efecto han tenido, hasta ahora, sus palabras?
Todos esos titulares, reuniones, juntas, ectétera, en los que se supone que alguien decide algo, esas declaraciones en que se “exige” o se “demanda” algo, por parte de nuestra autoridades locales, son papel mojado, humo, pura ilusión. La Autoridad Portuaria puede hacer con el puerto lo que le venga en gana, y hará, ténganlo por seguro, lo que más le convenga. Esperemos que los intereses de la Autoridad Portuaria coincidan en buena parte con los intereses de los ciudadanos.
El actual jefe de la APB, Joan Gual de Torrella, es quizá el presidente más sensible con los ibicencos que ha tenido la Autoridad en los últimos años, el más receptivo. Puede que, por eso, Rafa Ruiz, el alcalde de Eivissa, se apresurase a llegar a un acuerdo. Pero ello no significa que, en realidad, por muy nuestro que sintamos el puerto de Eivissa, vaya a dejar de pertenecer a su único dueño: la APB.