Se diría que los miembros de la Junta Electoral de Zona de Eivissa y Formentera no tienen corazón. No cabe deducir otra cosa de la sanción de 300 euros que ha impuesto al Govern de les Illes Balears, al Consell d'Eivissa y al Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, por la visita que la presidenta Francina Armengol, acompañada de los consellers Martí March y Pilar Costa, y del alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, a las Escoles Velles de Sant Agustí donde se ubica temporalmente el CEIP Ses Planes. Lo que menos se espera de un organismo como este, encargado de la limpieza de todo proceso electoral, es que se comporte cruelmente y se encarnice de esta forma con el PSOE, formación que preside las tres instituciones citadas y sancionadas. Hace falta cierto nivel de malignidad para castigar económicamente a tres instituciones después de las elecciones. Encima de que en cada uno de sus ámbitos territoriales el PSOE fue la tercera fuerza más votada, superados por PP y la coalición Units Podem Més, ¿acaso no es eso suficiente castigo? En el pecado llevan la penitencia.
De poco les sirvió organizar un acto que por más que lo dijese Pilar Costa desde la sala de prensa del Consolat de Mar, no tenía nada de visita técnica y sí mucho de inauguración camuflada, cosa que la Ley Electoral prohíbe. La prudencia y el sentido común –además de la Ley– obligan a abstenerse de tales exhibiciones durante la campaña. Quien no lo haga debe ser castigado. Pero la Junta Electoral demuestra su falta absoluta de sensibilidad cuando en lugar de sancionarles a ellos o al PSOE, decide sancionar a las instituciones que ellos representan y por tanto, castigar a los ciudadanos por la negligencia de sus presidentes. Si esto no es demostrar cierto grado de sadismo, lo parece. Los políticos incumplen la Ley y lo pagan los ciudadanos.