Hace hoy 10 años 3.000 guardias civiles de uniforme se manifestaron en la Plaza Mayor de Madrid bajo el lema «Derechos ¡ya!». Gracias a aquella protesta el Gobierno del PSOE impulsó las reformas a las que se comprometió en su programa electoral del año 2004 y que por la resistencia de la cúpula militar, no había sido capaz de ejecutar hasta ese momento.
El Consejo de Ministros aprobó dos proyectos de ley previamente consensuados con la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la organización convocante y mayoritaria en el Cuerpo de la que yo en aquella época era secretario general. Por un lado, una nueva ley disciplinaria que eliminaba los arrestos y restringía la aplicación del Código Penal Militar a las misiones militares; y por otro lado, una ley de derechos y deberes que reguló el asociacionismo profesional.
Pero aquello no salió gratis porque 19 dirigentes de AUGC fuimos expedientados y sancionados duramente.
Transcurridos 10 años desde aquel hito en la historia de la Guardia Civil, podemos afirmar que se materializó aquello que dijo el Conde de Romanones a principios del S. XX: “hagan ustedes la ley, que yo haré el reglamento”. El Código Penal Militar sigue aplicándose a los guardias civiles, aunque la Ley dice que no se haga y el asociacionismo profesional no ha satisfecho las ansias de participación de los trabajadores en los asuntos que les afectan. La Guardia Civil sigue siendo tan militar como siempre por culpa de la postura inmovilista de PP y PSOE, que en esta materia defienden idénticamente lo mismo. Luego se extrañan de haber perdido votantes y que proliferen otras opciones políticas. La Guardia Civil ha retrocedido en derechos y de eso hay que responsabilizar a PP y PSOE, que continúan tratando a los guardias civiles como militares y no como policías.