En su reciente comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, el señor Luis María Linde, a la sazón gobernador del Banco de España, nos vino a descubrir la rueda: que permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social. Y no digamos, pensaría el hombre para sí mismo, si ponemos el listón en los 70: cobrarían cuatro gatos. Ya embalado, justificaba su propuesta en que cada vez se tarda más en entrar en la vida laboral (no se molestó en explicar por qué), en el menor esfuerzo físico que requieren los trabajos (pongamos, por ejemplo, el de las camareras de piso), en la mejora de las condiciones físicas de la población y en el aumento de la esperanza de vida (ambas venidas a menos por los efectos de la crisis). Finalmente sacó el conejo de la chistera y apuntó la posibilidad de implantar un sistema mixto con el que los trabajadores financien parte de su pensión con planes de pensiones o algún tipo de ahorro (dada la capacidad de ahorro que, como es bien sabido, permite un salario medio de menos de 1.000 euros mensuales).
Fue un discurso pensado para inducir al miedo que excluyó cualquiera de las innumerables alternativas más distributivas que hay para resolver el problema de las pensiones. El mismo discurso en el que PP y Ciudadanos se han apoyado para impedir que el Congreso tramite una miserable subida del 1,2 % de las pensiones para este año, cuando el IPC ha rebasado el 3 %.