No parece justo pero muchas veces la Justicia y la sociedad van por caminos diferentes o en direcciones contrarias. En los últimos días se han dado tres decisiones judiciales que han chocado frontalmente con la opinión pública. En Alicante, un fiscal solicitó pena de prisión para una pareja que fue sorprendida robando comida caducada del contenedor de un supermercado. Les imputa un delito de robo con fuerza porque rompieron un candado. Código Penal en mano, la petición puede cuadrar, pero la pena puede resultar excesiva dada la motivación de los hechos, sólo pretendían acceder a comida. La situación va más allá ya que el supermercado afectado rechazó expresamente denunciar los hechos.
Otro caso para la reflexión nos llega desde Cantabria, donde un juez no aprecia violencia en el abuso sexual a una niña de 5 años «porque no opuso resistencia». Así, sin sonrojarse, su señoría relata en la sentencia condenatoria que «no se ha probado que la menor opusiera resistencia física o protestara, llorara o gritara, siendo habitual que volviera a la casa del acusado toda vez que éste le hacía regalos diversos para contentarla».
Y el último ejemplo en el que la Justicia y la opinión pública avanzan en contradirección lo hemos vivido con el caso del atropello mortal del joven Daniel Viñals. La Guardia Civil de Tráfico observaba hasta seis delitos en la actitud kamikaze del joven de 22 años que embistió a dos ciclistas a los que abandonó a su suerte en el kilómetro 17.9 de la EI-700. El joven huyó del escenario del atropello y dio positivo por alcohol y drogas al ser localizado. La Fiscalía y la acusación particular solicitaron prisión provisional, pero la juez lo dejó en libertad al apreciar que no «hay riesgo de reiteración delictiva». El tiempo dará y quitará razones.