Una cosa es la presunción de inocencia, garantía jurídica esencial en un estado de derecho, y otra que uno no pueda presumir la culpabilidad de un imputado en uso de su libre albedrío y de la libertad de expresión que ese mismo estado de derecho consagra. Así, los cinco acusados de haber violado a una joven de 18 años en los Sanfermines del pasado año, conservan intacta la dicha presunción de inocencia ante la Justicia mientras no se dicte contra ellos sentencia condenatoria, pero no necesariamente ante la opinión pública, que va legítimamente por libre como queda dicho.
Será, pues, el tribunal que les juzga en Pamplona el que resuelva sobre la culpabilidad o inocencia de los miembros de esa partida que atiende al nombre de «La manada», pero al ser tan infame y denigrante el delito del que se les acusa, y por afectar simbólicamente el mismo a la libertad y a la integridad moral y física del 50% de la población, tan amenazadas por la barbarie machista, es natural que todo el mundo haya hecho o vaya haciendo sus propias cábalas, cábalas que, por cierto, se extienden más allá de los hechos concretos que se juzgan y que señalan, de una parte, el inaceptable acoso que sufren las mujeres y del que éste caso pudiera ser paradigmático, y, de otra, el incomprensible proceder de un tribunal que acepta unos informes o pruebas de dudosa pertinencia, y no otras, en puridad, mucho más pertinentes.
Como se sabe, el abogado de alguno de los acusados contrató a detectives para que hurgaran en la vida de la denunciante en las fechas posteriores al suceso. Semejante proceder, que no parecía sino buscar algún resquicio para el descrédito de la muchacha, ya es discutible, pero que el «resultado» de dicho espionaje, el informe de los detectives que concluye que a la presunta víctima no se le ha visto «traumatizada», se acepte como prueba de la defensa, y no, en cambio, los «whatsapps» donde los imputados alardeaban entre ellos de su pobre calidad personal, ha sorprendido e indignado a la opinión.
Que la manada iba buscando una presa sexual el primer día de los Sanfermines de 2016 es algo sobre lo que para la opinión pública no cabe ninguna duda. Otra cosa, y eso es lo que se ha de dirimir y determinar judicialmente, es si del encuentro fatal se derivó algún o varios delitos por el que condenar a los acusados. Excluida de la Sala por no ser pública la vista, la ciudadanía ejerce su propio derecho a dirimir y a determinar.