Si el programa electoral de ERC fuera de obligado cumplimiento sobrarían motivos para preocuparse. Más de lo que ya estamos sobre el inmediato futuro de este atribulado rincón de España. Pero no lo es. Carece de recorrido. Por el horizonte judicial de los líderes independentistas y la aprendida lección de que el Estado de derecho es más fuerte de lo previsto.
Este partido independentista, que acaba de conocer el fallo judicial que mantiene a Junqueras en la cárcel, se comprometió en campaña a seguir avanzando en la construcción de la república independiente de Cataluña. Eso pasa por el despliegue total de una Agencia Tributaria y una Seguridad Social propias, la reapertura de las «embajadas» en el extranjero y la restitución de ciertos artículos del Estatuto en su día suspendidos por el Tribunal Constitucional.
Por si había dudas sobre el cantable elaborado de cara al 21-D, convocado por Moncloa en virtud del articulo 155, se desvanecen con la lectura del siguiente párrafo: «Todos estos avances, impensables hace dos años, responden a la voluntad de servir mejor a los ciudadanos y de reforzar las políticas públicas propias de una República con vocación social».
Sin embargo, insisto, todo eso es pólvora mojada. Por las razones antedichas (cuentas pendientes en los tribunales de Justicia y determinación del Estado a defenderse) y por la falta de una verdadera hoja de ruta para continuar con el desafío por parte de los dirigentes independentistas que, dicho sea de paso, están enfrentados entre sí.
Hoy por hoy el llamado bloque independentista carece de norte y de guía. Ha de elegir uno de estos dos caminos: repliegue táctico o vuelta a las andadas. Las últimas señales sugieren que Junqueras está por lo primero y Puigdemont por lo segundo. Se entiende en el caso del líder de ERC, cuya prioridad es salir de la cárcel y hacer política sin dar motivos a ser encerrado de nuevo. Y se entiende en el caso de Puigdemont, que no quiere apearse del papel de mártir que tan buen resultado le ha dado en las urnas del 21-D.