La negativa de las autoridades de Tráfico a reconocer que tuvieron alguna responsabilidad en el caos que provocó la gran nevada que dejó tirados a miles de conductores, no es un caso aislado. Es un clásico. En España, los políticos rara vez asumen sus errores. En años sólo se recuerda el caso de Antoni Asunción, ministro del Interior de la etapa socialista que dimitió tras la fuga de Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil en busca y captura por media docena de delitos de corrupción. Asunción no era el guardián de Roldán, pero entendió que siendo el vértice del Ministerio era su responsabilidad haber evitado la fuga de tan ignominioso personaje.
Se dirá que no es comparable los perjuicios generados por el monumental atasco sufrido por miles de conductores en la AP 6 de Segovia con aquél escándalo. Puede ser, pero el hecho describe el talante que debe caracterizar a los servidores públicos. Están ahí, en algunos casos elegidos por los ciudadanos y en otros a dedo y deben responder de sus encomiendas. Echar balones fuera cuando las cosas van mal, no es de recibo. Y eso es lo que viene haciendo Gregorio Serrano, director general de la DGT. En todas sus intervenciones ha tratado de endosar la responsabilidad de lo sucedido a los propios conductores y a la empresa concesionaria de la autopista (Abertis). De su papel al frente de la DGT, con decenas de guardias civiles esperando instrucciones, nada de nada. Se diría que era un mero observador. A todas luces estamos ante un caso de incompetencia que salpica a quien le nombró y le mantiene en el cargo. En este caso el ministro del Interior Juan Antonio Zoido. Veremos cuanto tiempo le ampara. A todas luces es el fusible del caso. Quien pagará por su ineptitud y por la de quienes le nombraron.