No puedo estar de acuerdo con la confiscación de teléfonos de periodistas, ni de material informático de la redacción de un medio de comunicación, porque ello vulnera el secreto profesional reconocido y protegido en el artículo 20 de la Constitución.
Pero ¿cómo se puede estar de acuerdo con el artículo 20 y pisotear el artículo 24.2, que consagra el derecho a la presunción de inocencia? ¿Qué puede mover a un juez, un fiscal o un policía, a filtrar partes de un sumario judicial declarado secreto por ellos mismos? Solo el haberse pasado al lado oscuro.
Creer que se puede combatir el crimen cometiendo delitos. Craso error. Saben que esa conducta les está vedada. El castigo es severo, por más que haya quien pretenda blanquear un comportamiento tan ilícito como espurio. Decir que el juez Manuel Penalva fue apartado del caso Cursach tras una campaña de desprestigio y omitir sus compadreos infames con la «madame querulante», como la describió la Policía Nacional, es pornografía dura.
El lado oscuro es poderoso y en Balears sabemos que solo hay una persona incorruptible, según él mismo dijo. Se llama Jaume Far y para eso es el elegido. Excepto él, todos somos potenciales corruptos, susceptibles de caer en la tentación de pasar al reverso tenebroso. Ha habido incontables ejemplos de políticos, pero también los ha habido de funcionarios.
Desde la recaudadora de Sineu que desfalcó la caja municipal entre 1991 y 2005; hasta un jefe del 801 Escuadrón del SAR que autorizó el uso de un Súper Puma y un Aviocar para llevar a los invitados civiles a una boda a Formentera. Pasando por el inspector ‘Pepote', jefe del grupo de atracos que sucumbió al soborno de ‘La Paca'.
O aquel inspector de Policía que conduciendo un coche oficial borracho, junto a otro agente, atropelló a una ciclista alemana en la carretera del Cap Blanc, la mató y ambos se largaron a dormir la mona hasta que fueron detenidos.
En un Estado de Derecho no puede ni debe haber impunidad para quien delinque. Da igual que lo haga desde un juzgado o una comisaría. Y es obvio que si un juez o un fiscal o un policía, revelan partes de un sumario declarado secreto por ellos mismos, cometen delito.
Cabe analizar también sus motivaciones, que solo pasan por triturar la presunción de inocencia de los investigados y así llevarlos a juicio con la condena garantizada. Han sucumbido al poder del lado oscuro y si se demuestra, deben ser juzgados y castigados.