En Estados Unidos, la ‘gran reforma fiscal' aprobada en diciembre del 2017, trajo entre sus propuestas: reducir el impuesto de sociedades (del 35% al 21%); y reducir el impuesto sobre la renta, aumentando la cifra del mínimo exento, bajando el tipo impositivo de los tramos (el tramo superior se fijó en 39,6%) y duplicando las deducciones por hijo.
¿El resultado? La recaudación aumentó un 12% en 2018, la economía estadounidense creció a una tasa del 2,9% (el mejor dato desde 2015), las estimaciones sobre economía sumergida rebajaron su impacto (5,4% del PIB), las empresas revirtieron sus beneficios en mayor inversión (Estados Unidos está posicionado como el país más atractivo donde invertir), aumentos salariales (crecieron al ritmo más rápido en los últimos 8 años) y más ofertas de empleos (la tasa de desempleo fue del 3,7%, la más baja desde 1969).
Mientras tanto, en España, entre 2007 y 2017 la recaudación tributaria total decreció un 3%. ¿Qué pasó en estos 10 años? El IVA general aumentó del 16% al 21%, el IVA reducido subió del 7% al 10%, España cayó varios puestos en los ‘rankings' de países atractivos para la inversión y con facilidad para emprender, la cifra de economía sumergida estimada se ha afianzado por encima de la media europea y se recaudó un 45,8% menos en el impuesto de sociedades pese a que los beneficios empresariales se recuperaron a periodos anteriores al ‘crack' del 2007.
Se intenta convencer que los impuestos no deben bajarse, al contrario, deben subirse debido a la debilidad del crecimiento económico, que son necesarios para controlar el déficit y la deuda pública, que reducirlos provocaría un agujero en el sistema de pensiones, que es “necesario” para invertir en infraestructuras… Y así estamos: gobiernos empeñados en subir los impuestos existentes y pensando en crear otros sobre actividades o hechos económicos carentes de tributar.
El problema radica en la pasividad de los gobiernos. Todavía no se ha desarrollado una reforma fiscal que cambie el paradigma del modo de crecer económicamente de nuestro país. No debemos hacerlo a través de presión fiscal (ahogando a la clase media por la carga soportada, reduciendo su poder adquisitivo) o a través de una economía financiera ficticia (endeudamiento a base de créditos e intereses o apalancamiento). Debemos crecer desarrollando una producción real: generar riqueza a través de la productividad, la actividad y el consumo.
Por ello, desde Ciudadanos apostamos por el auténtico motor de la economía, los autónomos, las pymes y las familias, proponiendo entre nuestras medidas: creación de empresas de forma telemática en 24 horas, liberar los 2 primeros años de impuestos a las ‘start-ups' (empresas de nueva creación), eliminar los contratos temporales por indefinidos, fijar el tipo máximo de IRPF al 44%, bajar un 60% el IRPF a las personas que vivan en zonas rurales, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, bajar los impuestos a 6 millones de familias con hijos, ayudar a familias monoparentales y con 2 hijos (con 1.200 euros) y familias con 3 hijos (con 2.400 euros anuales).
Si los ciudadanos tienen trabajo, un salario adecuado y soportan bajos tipos impositivos, dispondrán de una mayor renta en sus bolsillos. Y en vez de permanecer custodiados por el Estado (y que el gobierno de turno decida en qué deben gastar su dinero), podrán los propios ciudadanos decidir dónde destinarlo: al ahorro personal, planes de futuro, emprender un negocio, formar una familia, al consumo... repercutiendo a favor de las empresas y de la economía del país. Las empresas, pagando bajas tasas sobre beneficios e incentivadas a invertir, decidirán aumentar el salario de sus empleados, desarrollar nuevas líneas de negocios o expandirse, y por tanto, contratar más personal. Más contribuyentes, más rentas, más ahorro, más consumo, más familias, más empresas, más beneficios, más recaudación... en definitiva, el círculo virtuoso de la economía.