Una de las cuestiones que debería resultar crucial de cara a las próximas elecciones es la movilidad y todos los partidos que concurren a las mismas le deberían prestar una especial atención. Sin lugar a dudas el futuro de la movilidad pasa por el transporte eléctrico, tanto en el sector público como en el privado. En cuanto a este último, desde el gobierno autonómico ya se han programado una serie de medidas por vía legislativa, que fijan fecha de caducidad a los vehículos que consumen combustibles fósiles, tanto diesel como gasolina.
Pero es el transporte público, el que debe tener una mayor relevancia en el presente y en el futuro de la movilidad de nuestra isla. Desde la administración insular cabe dar un paso adelante y demostrar que realmente se está decidido a apostar por un nuevo modelo de transporte colectivo mas limpio y sostenible y por tanto impulsado por energía eléctrica.
Y que mejor momento que el actual para apostar por esa opción, ya que nos encontramos con unas concesiones vencidas y que ya deberían haber sido adjudicadas nuevamente, si bien siguen pendientes. El gobierno que salga de los comicios del día 26, lo primero que tendrá que hacer es resolver el correspondiente concurso para la adjudicación de las nuevas concesiones. En las clausulas que se fijen para dicho concurso, se debería establecer un requisito a cumplir por parte de las empresas que opten a esas nuevas concesiones, y no es otro que la obligación de que todos los autobuses sean eléctricos.
Por tanto, en un futuro no muy lejano el parque móvil en nuestra isla será mayoritariamente eléctrico. Ello tendrá como primera consecuencia, un incremento en la demanda de energía eléctrica y por tanto una mayor necesidad de producción.
Como el objetivo a perseguir es la reducción de gases contaminantes, está claro que hay que sustituir la producción mediante el consumo de combustibles fósiles, por energías renovables. Para ello habría que redactar, aprobar y aplicar cuanto antes un detallado plan de producción de esas energías limpias. Sin duda habrá que superar obstáculos, pero no queda otra que reconocer la necesidad de nuevas instalaciones de renovables; y por nuestro clima, la principal alternativa de producción es la fotovoltaica. Pero esta, no está exenta de inconvenientes y el principal es la necesaria ocupación territorial de esas plantas y la afectación paisajística que provocan. Y ello también requerirá de una buena dosis de valentía en la toma de decisiones.
Entre esas decisiones a tomar por parte de las distintas administraciones; la local, la insular y la autonómica; hay una que se puede empezar a aplicar de forma casi inmediata y al principio de la próxima legislatura; y no es otra que practicar con el ejemplo. Nuestro territorio insular es limitado y hay que aprovechar cada metro cuadrado disponible. Todas las infraestructuras y edificios públicos, deberán disponer de sus propias instalaciones de placas fotovoltaicas. Polideportivos, colegios, residencias, almacenes, etc.; son elementos urbanos en los que deberán instalar las mencionadas placas, cuanto antes.
Pero las posibilidades de la administración, no se acaban aquí. Por vía legislativa o a través de ordenanzas, hay que hacer que otros espacios disponibles y claramente desaprovechados, acaben teniendo también instalaciones fotovoltaicas. Por ejemplo y sin ir más lejos, las zonas industriales, con numerosas naves con tejados aprovechables; o los aparcamientos públicos.
Son estas, algunas ideas en las que seguro los técnicos de la administración ya habrán pensado y que no tienen excesiva dificultad a la hora de ponerlas en practica. Solo requieren de dos cosas imprescindibles, como son la voluntad política y el compromiso presupuestario. A no tardar podremos comprobar la verdadera intención de aquellos que aspiran a gobernar.
Resultará fácil distinguir entre anuncios electorales sin más y compromisos presupuestarios reales.