Por parte de algún sector de nuestras islas, se ha pretendido hacer creer que el grave problema del acceso a una vivienda en Eivissa y Formentera, se debe única y exclusivamente al alquiler turístico ilegal, lo que no se ajusta a la realidad.
Que la oferta ilegal y abusiva de alquiler turístico va en aumento, es más que evidente. Basta con una simple mirada a todo tipo de anuncios de plataformas o particulares, en cualquier medio de comunicación, para darnos cuenta de la cantidad de barbaridades que se están ofertando.
También parece más que evidente, que la actuación de la Administración frente a este suculento negocio ilegal, es claramente insuficiente. El número de inspectores disponibles es escaso. Es necesario y urgente incrementar sustancialmente ese número, para que los infractores realmente sientan que la Administración se esta tomando en serio la situación y que el control es real y no solo simples anuncios que jamás acaban siendo una realidad efectiva y palpable.
Qué decir de la dinámica que se viene aplicando en la tramitación de los expedientes, que hace que los mismos se eternicen, mientras los infractores continúan con sus suculentos y vergonzantes negocios. Además, hay que recordar que la efectividad de la aplicación de la normativa actual es totalmente nula, ya que el rendimiento que se viene obteniendo tanto por parte de propietarios, como de plataformas intermediarias es muy superior a las sanciones que se les imponen. Por tanto, con esos mimbres es imposible acabar con la explotación ilegal de viviendas y todo tipo de habitáculos en nuestras islas.
Si tenemos claro todo esto, nos asalta una duda: ¿si se legalizara toda la oferta de alquiler turístico, se acabaría con la problemática de vivienda? La respuesta es muy clara, y es que en absoluto se resolvería el problema. Lo único que se conseguiría sería eternizar la actual situación. Colapso de oferta durante los meses de verano y además a precios inasumibles para cualquier trabajador que necesite pasar más de cuatro meses en nuestras islas.
Otra cuestión a tener en cuenta, es si el número de turistas y con ellos la oferta de alojamiento puede ser infinita o no. Está claro que la limitación territorial que suponen nuestras islas y la necesidad de preservar nuestro entorno y nuestro paisaje, hace imprescindible el necesario control sobre la oferta y por tanto ello nos lleva a la necesidad de establecer un techo en el número de visitantes que pasen por ellas.
Hay que recuperar el concepto de racionalidad. Que nuestro presente y nuestro futuro está totalmente ligado a la industria turística, no admite ninguna duda. Pero tampoco la admite la necesidad de conjugar los intereses de la población residente con el negocio turístico. No podemos matar la gallina de los huevos de oro por pretender obtener unos ingresos suculentos, sin importarnos lo que vaya a ocurrir en un futuro y por tanto a las próximas generaciones.
¿No sería más lógico recuperar el uso previsto en su momento para cada cosa? Que el turismo se aloje en los establecimientos hoteleros existentes a tal efecto y de los que se dispone de un amplio abanico de categorías; y que los edificios residenciales sean para residentes, de temporada o de todo el año. Si estos últimos pasan a ser la competencia directa de nuestro sector hotelero y en muchos casos de forma totalmente ilegal, fuera de todo orden y control, lo que se está haciendo es permitir que se pervierta la industria turística en general, y que de rebote se perjudique gravemente a los residentes; tanto los de todo el año, como los trabajadores que tienen que trabajar durante seis meses en nuestras islas.
El sistema actual, hace muy complicado el control en la cantidad de turistas que puedan soportar Eivissa y Formentera y por tanto que cantidad de infraestructuras y servicios públicos se necesitan para una correcta atención a nuestros visitantes. La actual situación ya no se puede seguir repitiendo, veremos si quien tiene que verlo y controlarlo, se da cuenta y actúa de una vez por todas.