Desde hace años se viene esgrimiendo por parte del Govern balear, la necesidad de mejorar sustancialmente la financiación que recibe del Estado nuestra comunidad autónoma. Es esta una reclamación plenamente justificada, dada la clamorosa diferencia que existe entre la cantidad que aporta Baleares a la caja global del Estado y la que viene recibiendo anualmente como financiación.
Pero si nos referimos al dinero que recibe cada institución en un estado de autonomías como el nuestro, claramente descentralizado, no podemos olvidar el hecho de que en nuestras islas, esta descentralización es doble, ya que cada isla tiene su propio Consell Insular que gestiona aquellas competencias que le hayan sido transferidas por el Govern balear y por supuesto cada uno de estos consells también reclama la mejora de su propia financiación.
Últimamente se ha suscitado un cierto debate en torno a este tema del dinero que recibe el Consell de cada isla para la gestión de las competencias que cada uno debe gestionar y parece muy claro que el que recibe peor financiación por habitante es el de la isla de Ibiza. En la mayor de las Pitiusas residen algo más de 150.000 habitantes, por algo más de 90.000 en Menorca; y desde la aprobación de la ley del sistema de financiación definitiva de los Consells Insulars en junio de 2014, Ibiza recibe mucho menos por habitante que Menorca, siendo de hecho la que menos recibe per cápita de las cuatro islas de nuestra Comunidad Autónoma.
Y cuando se ponen sobre la mesa estos datos, nos encontramos con una doble contradicción. Por un lado por parte del actual gobierno del PP del Consell d'Eivissa, que reclama la mejora de la financiación que recibe el Consell Insular, porque la actual es insuficiente; por que se le olvida que la ley que establece qué debe recibir cada consell, la aprobó su propio partido con los votos en contra de la oposición. En aquel momento el gobierno insular del Partido Popular votó encantado la ley que establecía la cantidad que le correspondía a la institución ibicenca, rechazando drásticamente las enmiendas que se presentaron por parte de la oposición para que dicha cantidad se viera incrementada. De aquí que resulten contradictorias sus actuales declaraciones.
Por otro lado, tenemos las declaraciones que salen del Govern balear y en concreto de su presidenta y en las que afirma que lo que recibe el Consell d'Eivissa es razonable. Parece olvidar ahora la presidenta del Govern que en 2014, siendo ella la portavoz de la oposición y en la tramitación de la ley antes mencionada, el grupo parlamentario socialista votó en contra de la misma, por haberse rechazado las enmiendas que reclamaban la necesidad de que desde el Govern se aportara más dinero para la financiación insular.
Durante los cuatro años de la pasada legislatura, nada se hizo para corregir debidamente lo que aprobó el PP en 2014 y adaptarlo a las necesidades reales que tiene el Consell d'Eivissa y no parece que haya la más mínima intención de subsanar este desaguisado en la legislatura que acaba de iniciarse; resultando más grave este hecho si tenemos en cuenta que se trata del mismo gobierno que ya había en la pasada.
Sigue siendo tremendamente injusto que Ibiza reciba una verdadera miseria para gestionar la competencia de transporte que tiene transferida, mientras que para el tren y el transporte por carretera en Mallorca, el Govern invierte decenas de millones cada año, por ser esa una competencia cuya transferencia no acepto el ejecutivo insular mallorquín.
Es necesario que el actual gobierno del Consell d'Eivissa, reconozca que se equivocaron en su momento votando a favor de una ley que no hizo mas que ahondar en el agravio comparativo de la financiación entre las cuatro islas y es necesario que por parte del Govern balear se reconozca esta circunstancia y se pongan a trabajar para subsanar esta injusticia, aparcando en ambos casos sus claras contradicciones.