Poco se ha comentado la visita a Palma de la fiscal general del Estado, María José Segarra, para apartar al fiscal Miguel Ángel Subirán de la Fiscalía Anticorrupción. Parece extraño porque no sucede todos los días que un fiscal que en los últimos años ha dirigido numerosas causas penales relativas a delincuencia organizada y corrupción política, sea depurado de esta forma. Bien es verdad que ahora el investigado es él, por un rosario de delitos que ruboriza a cualquier persona honesta; pero eso aún está por aclarar y no conviene sacar conclusiones precipitadas como parece que algunos investigadores acostumbraban a hacer. El hecho es que Subirán deja la Fiscalía Anticorrupción (lo que a todos ha parecido un cese, por más que lo niegue la jefa del Ministerio Fiscal) del mismo modo que en marzo del año pasado la Audiencia apartó al juez Manuel Penalva de la instrucción del ‘caso Cursach' por haber perdido la «apariencia de imparcialidad». Nadie está por encima de la Ley aunque algunos llegaron a creérselo.
Ahora que ha vuelto una vez más a la palestra la controvertida cuestión de la independencia o dependencia de la Fiscalía con respecto al Gobierno de turno (según explicó en un alarde de sinceridad el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez) observamos cómo la Fiscalía Anticorrupción de Balears se debilita, reduciendo a la mitad los fiscales a ella adscritos. Se dirá que ya no hay tantos casos que investigar como hubo años atrás. Pero también se podría concluir que a menos fiscales, menos investigaciones podrán llevarse a cabo. Sucedería aquí como con los controles de alcoholemia, que cuantos más se hacen, más conductores borrachos se pillan.
Ahora ya no hace falta investigar la corrupción, por más que hay casos que llevan abiertos demasiados años, como el ‘caso Ibiza Crea', que la Audiencia de Palma ordenó no archivar y efectuar más indagaciones. Como afecta a políticos del PSOE y ya sabemos que la Fiscalía depende del Gobierno, pues ahí está, sin fiscales anticorrupción que lo investiguen. Total, es Ibiza y del mismo modo que no hay juzgados desde enero, pueden estar con una causa penal abierta casi una década. La falta de casos que investigar que justifican dejar a la Fiscalía Anticorrupción con solo dos fiscales, contrasta con los casos que tramita la Oficina Anticorrupción de Jaume Far. Será el último recurso. Quién lo hubiera dicho.