La gestión de la socialista mallorquina al frente del Govern Balear e incluso del PSIB-PSOE se ha caracterizado por rezumar un marcado desprecio a todo lo que suene, huela o sepa a ibicenco. Aunque suene paradójico, el presidente popular del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, esta semana le ha brindado una oportunidad de oro para enmendarse y demostrar que gobierna para todo el archipiélago y no sólo para su isla natal, pudiéndose ganar la simpatía de los ibicencos que hasta ahora sólo han recibido ninguneos por parte de su ejecutivo autonómico.
El Consell ha presentado una batería de 45 medidas al Govern Balear no sólo para hacer frente a los efectos del COVID-19, sino para avanzar hacia el sentido común en ámbitos en los que reinaba el desconcierto, la inseguridad jurídica y la torpeza administrativa. Se ha propuesto reforzar la potestad reglamentaria del Consell para que pueda eliminar las innecesarias cédulas de habitabilidad, modificar la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares para ampliar los supuestos del uso de la declaración responsable para las obras en edificaciones existentes y otras medidas dirigidas a facilitar la modernización de los establecimientos turísticos y la vida a los administrados. El documento de 43 páginas carece de tintes políticos y goza de la aprobación de la oposición y de los sectores económicos afectados, circunstancia que sitúa a Armengol en la dicotomía de seguir haciendo gala de su legendario sectarismo y rechazar cualquier propuesta concebida en la pitiusa mayor o empezar a mostrar algo de sentido común aprobando unas medidas que van a oxigenar y adelgazar una administración obesa de burocracia. El Govern es una administración mallorquina más, por ello hay que reforzar las competencias del Consell d'Eivissa.